Participación de FUNDENL en informe de Amnistía Internacional Monterrey

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Informe de Amnistía Internacional sobre la
Situación de los Derechos Humanos en el Mundo y en México 2013
Monterrey, Nuevo León a 7 de noviembre de 2013

Violencia contra las mujeres

La violencia en contra de las mujeres es un tema delicado. Por un lado, se encuentra la violencia histórica contra las mujeres que es justificada por una cultura machista. Aunado a lo anterior, nos encontramos en un momento sensible en el que los brutales crímenes relacionados con la guerra, ocultan a las mujeres que también son víctimas de la violencia.

Según información de organizaciones defensoras de Derechos Humanos, como Arthemisas por la Equidad, durante la administración de Rodrigo Medina de la Cruz, de octubre de 2009 a noviembre de 2013, se han registrado 538 feminicidios, registro que no muestra la realidad de la violencia contra las mujeres al tener su fuente solo en información que se hace pública en los medios locales.

De acuerdo al registro de dicha organización, en 2011 ocurrieron 222 feminicidios mientras que en 2012 se registraron 149. En lo que va del presente año se tiene un registro de 81 mujeres asesinadas. El 55.89% de los feminicidios se han realizado en el área metropolitana, siendo Monterrey el municipio con mayor número, al registrar 36 mujeres asesinadas.

Ante lo anterior se presentó una iniciativa ciudadana para tipificar el feminicidio como delito en Nuevo León.

Lamentablemente, el Congreso del Estado no tomó en cuenta las observaciones presentadas por la sociedad civil y aprobó otro dictamen, que si bien otorga cierta protección, la legislación aprobada no se ha aplicado de forma efectiva.

La violencia contra las mujeres continúa siendo generalizada y es un problema que el Gobierno del Estado no aborda de forma efectiva dado que la capacitación de los servidores públicos no fue realizada bajo la adecuada supervisión para que pudiera garantizar el cumplimiento de las normas a las que se encuentra obligado el Estado.

Violencia contra las y los periodistas

El alto riesgo en el que laboran las y los periodistas cambió su situación. De ser los que hacen la nota pasaron a ser los protagonistas de la misma.

México ocupa el lugar 153 de 179 en el mapa de libertad de expresión que es publicado cada año por la organización mundial Reporteros sin Frontera. Por ello, ejercer el periodismo es considerado como de “difícil situación”.

De acuerdo a la información de la organización Articulo 19, de enero hasta septiembre de 2013 se han registrado 225 agresiones, superando a las2 07 que fueron perpetradas en todo 2012. En Nuevo León se tienen registradas 7 agresiones en lo que va del año.

Las agresiones a las que se enfrentan más frecuentemente son las recibidas por los agentes del Estado, como el Ejército, policía municipal, estatal y federal, al momento de llegar a cubrir la nota de un asesinato, balacera, operativos, etcétera.

Quienes ejercen el periodismo como fotógrafos, camarógrafos o periodistas en Nuevo León, tienen que enfrentarse a las intimidaciones de los Agentes del Estado quienes, sin portar alguna identificación y en la mayoría del as ocasiones encapuchados, les exigen a los compañeros que se identifiquen plenamente, les toman sus datos y los anotan en una libreta.

Con esa acción los agentes del Estado van generando una lista de quienes acuden de forma constante a cubrir las notas, dejando en la desprotección a las compañeras y compañeros periodistas, camarógrafos y fotógrafos.

La razón por la que consideramos que dicha acción pone en desventaja y en riego a quienes ejercen el periodismo en Nuevo León es por la documentación de diversos casos en los que las corporaciones policiacas se encuentran coludidas con el crimen organizado.

Nos ha llegado información de las intimidaciones realizadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional contra periodistas gráficos a los que obligan a borrar fotografías, en especial en las que dichos elementos salen con el rostro descubierto. Ellos alegan que los pone en riesgo pero exigen que los reporteros se identifiquen plenamente.

La impunidad en los casos de periodistas asesinados y desaparecidos no es diferente a la de la mayoría de los crímenes que se cometen en México, ya que de acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, solo el 9%de los casos se han resuelto.

Como respuesta a las exigencias del gremio periodístico y de las defensoras y defensores de Derechos Humanos, el Gobierno Federal creó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Lamentablemente, según las denuncias de periodistas y defensoras de derechos humanos, no opera de manera adecuada y eficiente lo que genera que no sea una garantía de protección y se convierta en una ventanilla burocrática más.

Situación de las personas defensoras de los Derechos Humanos

Al igual que las y los periodistas, las personas que nos dedicamos a la defensa de los Derechos Humanos nos encontramos en una situación de gran vulnerabilidad debido a la ausencia de un Estado democrático que garantice el ejercicio de nuestra labor.

Como ejemplo tenemos las intimidaciones de las que ha sido parte la familia Rangel Ortiz en Querétaro debido a que han denunciado de forma constante la desaparición de Héctor Rangel Ortiz y decenas de personas que han desaparecido en Querétaro.

Ante las denuncias, la respuesta de la autoridad fue enviar a la casa de la familia Rangel Ortiz más de 30 unidades con elementos policiacos portando armas largas, en un ejemplo claro de intimidación.

Si bien es cierto que el Derecho Internacional reconoce el derecho que tenemos para defender los Derechos Humanos, el libre ejercicio del mismo, en México, en Nuevo León, es prácticamente un mito.

Quienes defendemos los Derechos Humanos tenemos que enfrentar a un gobierno autoritario, al crimen organizado y a una sociedad desinformada. Los riesgos que corremos van desde las ofensas hasta perder la vida.

Situación de las personas indígenas

Pese a que se sostiene que en Nuevo León no existen comunidades indígenas, hoy Nuevo León se ha transformado en un estado pluriétnico, pluricultural y multilingüístico, en el que conviven miembros de distintos pueblos indígenas de México, con sus lenguas, culturas y costumbres que han enriquecido la vida sociocultural, económica y política de la entidad.

A pesar de ello las personas indígenas en Nuevo León reciben un trato sin pertenencia cultural y violando su derecho a la no discriminación, por eso podemos ver que en los procesos judiciales, administrativos, de servicios médicos, etc. no se cuenta con servidores públicos sensibilizados.

Según el Conteo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en el estado de Nuevo León habitan 40,528 hablantes de lenguas indígenas, con registro de 47 lenguas distintas.

Datos del mismo INEGI muestran también que en los últimos 20 años el número de indígenas asentados en Nuevo León se ha incrementado sustancialmente, pues se ha multiplicado en casi ocho veces de 1990 a 2010. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) considera que en el Estado de Nuevo León hay una población de 81, 909 indígenas.

En el Estado de Nuevo León no existe planes, programas, proyectos y acciones institucionales con pertinencia cultural que considera a los indígenas, esto se ve reflejado en la nula existencia de una partida presupuestal para las comunidades indígenas en Nuevo León.

Participación Ciudadana

Ante la falta de representación en el gobierno y en las instituciones, cada día, ciudadanas y ciudadanos se interesan en participar de forma activa en la toma de decisiones y en la regulación del quehacer de las y los servidores públicos.

Pero ante eso y violando los Derechos Humanos consagrados en la Constitución de México quienes se asumen como nuestros representantes, las Diputadas y los Diputados, se niegan a pasar del discurso a los hechos.

Actualmente, en el Congreso del Estado se encuentra una reforma a la Constitución para incluir herramientas de participación ciudadana con las cuales las ciudadanas y los ciudadanos podamos hacer que quienes son electos y quienes administran nuestros recursos lo hagan de forma efectiva y representando nuestros verdaderos intereses.

Lamentamos la postura de una de las fracciones legislativas que apuntan a que dicha iniciativa no prosperara, con lo que prevalecen los intereses políticos y partidistas que representan las Diputadas y Diputados.

Estos son ejemplos claros de la ausencia de interés real de los que se ostentan como nuestros representantes. Mantienen un discurso de la necesidad de la participación ciudadana pero, al tener la oportunidad de concretar dicha participación, se niegan a cristalizar las herramientas que pueden regular el desempeño de quienes dicen representarnos y de quienes administran nuestros recursos.

Esperamos que el dictamen de reforma constitucional sea aprobado con las herramientas que desde la sociedad civil se proponen.

Situación de las desapariciones de personas

La desaparición de una persona es quizás el crimen más atroz y que lesiona gravemente y deforma irreparable a la sociedad. Con la desaparición de una persona nos arrebatan parte de nuestra identidad y del futuro.

Dentro de un mes se cumplirá un año del inicio de la actual administración y sin asombro comprobamos que el discurso de cercanía con las víctimas se ha mantenido como tal, como un discurso vacío y sin acciones concretas.

Lo que nos duele es que las desapariciones continúan y caminamos hacia la perpetuación de la impunidad. Lo más grave es que el Estado no está buscando a nuestros desaparecidos y seguimos siendo las familias las que hacemos todo el trabajo.

Pareciera que la estrategia de la actual administración es apostar al olvido, al cansancio y la muerte. Creando leyes e instituciones que no operan más que como grandes distractores y dilatores de justicia.

Ejemplo de ello es la publicación de la Ley General de Víctimas que lamentablemente no garantiza los derechos para las personas que se encuentran desaparecidas ni los de sus familias y, por el contrario, tasa a las víctimas. Esto genera que las familias se queden en la desprotección y, algunas, en un intento de mantener el poco patrimonio que tienen, se ven orilladas a realizar declaración de ausencia y presunción de muerte de sus hijas e hijos desaparecidos. Eso nos causa otro gran dolor.

La actual administración dio a conocer una lista con el registro de poco más de 26 mil personas desaparecidas durante la anterior administración. Dicha lista cuenta actualmente con 18,955 registros pero no se precisa si contiene los registros de las personas que han sido desaparecidas en la actual administración; además, no tiene los registros de todos los casos que han sido denunciados.

No nos es ajeno el cambio que se ha presentado con la actual administración. Han asumido un lenguaje cercano a las víctimas e incluso pareciera que se indignan ante las injusticias a las que somos sometidas.

Ese lenguaje nos ofende porque, no deben, los representantes del Estado decir que no están haciendo nada, o decir que falta mucho por hacer y continuar ocupando un cargo en el servicio público. Por dignidad, si son congruentes con ese lenguaje, deberían iniciar investigaciones en contra de quien no está permitiendo que se hagan las cosas, o dejar su cargo, renunciar.

Pareciera que ahora las filas del servicio público se han nutrido de personas que se dicen “activistas” o “defensoras de Derechos Humanos” pero solo es parte de la estrategia de comunicación.

Seguiremos denunciando la realidad que vivimos en México, en donde las instituciones del gobierno no responden a las necesidades sociales, en donde estas instituciones solo simulan ayudar a las víctimas y sus familias porque en realidad son ventanillas burocráticas que obstruyen el acceso a la justicia.

Lo mismo ocurre con las leyes que dentro de sus artículos rezan la protección para las víctimas y sus familias, la garantía de protección y respeto a los derechos humanos pero terminan siendo letra muerta ante la inaplicabilidad de las mismas. Es algo sistemático.

Pareciera, con el cambio de estrategia en materia de comunicación, que la guerra terminó y es momento de iniciar una ardua labor de reconstrucción y reconciliación. Es mentira que la guerra ha terminado y, con mucha tristeza, observamos cómo se siguen sumando a nuestras filas compañeras y compañeros a quienes les han desaparecido algún o algunos familiares. ¿Cómo podemos reconstruir algo cuando la destrucción continúa?

No es novedad que las familias de los desaparecidos y las desaparecidas sustituimos la labor del Estado mexicano y, a pesar del panorama desolador, lo seguiremos haciendo porque estamos convencidas que solo nosotros, como familias, podemos encontrar a nuestros desaparecidos.

Ejemplo muy importante es la creación de FUNDEM, de la cual formamos parte y tiene sus orígenes en Coahuila con FUUNDEC quienes son el ejemplo más importante en la búsqueda: se han convertido en referente no solo nacional sino internacional y de quienes hoy estamos aprendiendo.

FUNDEM es un movimiento integrado únicamente por familiares de personas desaparecidas y eso es quizás lo que lo hace más valioso, porque somos la voz de la realidad sin intermediarios. Hemos realizado un esfuerzo sin precedentes para la búsqueda de nuestros desaparecidos. Si bien estos esfuerzos en cierta medida pueden sustituir las funciones del Estado, para nosotros no es limitante, ya que lo hacemos por amor.

Al hablar de la situación de los Derechos Humanos en México debemos de hablar no solo de lo que el Estado mexicano no hace, eso ya lo sabemos, también debemos de hablar de las nuevas iniciativas de familiares que desde el dolor sacamos fuerzas para buscar.

Entre los avances que se tienen desde FUNDEM se encuentra la instalación de una mesa de interlocución de alto nivel con servidores públicos federales, locales, expertas y expertos en la materia, y organizaciones de derechos humanos, todos y todas convocados por las familias quienes somos las que interlocutamos.

En septiembre del 2012, se creó en Coahuila el Grupo Autónomo de Trabajo que da seguimiento a los trabajos que realiza la Procuraduría en el estado y quien ha realizado cinco informes sobre la situación de las desapariciones y delineado algunas estrategias.

Así mismo, presentamos una queja colectiva ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para solicitar que dicho organismo investigue la tragedia humanitaria de las desapariciones a nivel nacional así como las omisiones en las investigaciones.

Actualmente estamos trabajando en la creación de protocolos de búsqueda e investigación, un plan de atención humanitario trazado en cuatro ejes fundamentales: derecho a la salud, la educación, la vivienda y el trabajo. Así como reformas legislativas que otorguen la máxima protección a la persona desaparecida y a su familia.

Por ello consideramos que es urgente la aprobación de una Ley General sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, legislar en materia civil para el reconocimiento a la personalidad jurídica de los desaparecidos y desaparecidas, crear la figura de Declaración por Desaparición.

Reconocemos y saludamos el esfuerzo que realizaron las compañeras madres centroamericanas y organizaciones de derechos humanos por la creación de la Comisión Forense que atenderá los casos de San Fernando, Tamaulipas I y II y Cadereyta, Nuevo León. Aunque reconocemos dicho esfuerzo, nos preocupa su objetiva implementación de parte del Estado mexicano, esto ante las malas experiencias de las que hemos sido parte. Trabajaremos para la implementación de un protocolo similar que pueda identificar los más de 15 mil restos que existen en México.

Nos preocupa sobre manera la situación de deterioro que viven los Derechos Humanos en México, la imagen de respeto y garantía de los mismos que se construye a nivel internacional mientras en la realidad se vive una guerra sin cuartel y una descomposición de lo que se pudo acercar a la democracia.

A pesar de los esfuerzos que realizamos como lo son las investigaciones que se encuentran en manos del Ministerio Público, las propuestas de reformas legislativas encaminadas a otorgar una protección a nuestros familiares desaparecidos, los protocolos de búsqueda, que no existen en nuestro país y los cuales también estamos trabajando, a pesar de eso no hemos logrado encontrar a nuestros desaparecidos y desaparecidas ni logrado detener las desapariciones.

Un trabajo que no podríamos hacer solos, por eso agradecemos el acompañamiento que personas y organizaciones de Derechos Humanos a nivel nacional e internacional, como lo es Amnistía Internacional, nos han brindado.

Muchas gracias.

FUNDEM
Miguel Hidalgo y Costilla #166 sur, zona centro, Saltillo, CP 25000,Coahuila
cddhsaltillo@gmail.com

FUNDENL
desaparecidosmexico@gmail.com

Fragmento de la participación de FUNDENL:

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