Por la gravedad de la Ley de Seguridad Interior-Comunicado FUNDENL
Monterrey, Nuevo León a 16 de diciembre de 2017
A la comunidad en general:
En Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, recibimos con tristeza y preocupación la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, recién aprobada por el Congreso de la Unión de México, que regula la presencia de las fuerzas armadas del país en el combate al crimen organizado u otras amenazas a la Seguridad Interior, según la definición los promotores de la misma.
Esta ley representa el refrendo y radicalización por parte del Estado de una estrategia para combatir el crimen organizado que no ha cumplido con ninguno de los objetivos esgrimidos desde su aplicación hace 11 años, por parte del presidente Felipe Calderón, en la que se incluyó como uno de los ejes centrales la acción del Ejército y la Marina, contraviniendo lo estipulado por la Constitución en materia de Seguridad Pública. Por el contrario, ha profundizado la violencia, la violación a los Derechos Humanos y el desgarro del tejido social a lo largo de todo el país. Las miles de víctimas así hemos llegado desde hace tiempo a niveles que serían intolerables en cualquier democracia funcional.
La LSI intenta normalizar lo anormal, legalizar lo ilegal en términos constitucionales, y ocultar un estado de excepción de facto que los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto han querido soslayar. Es la renuncia a volver al orden democrático, donde el ámbito civil es resguardado por cuerpos policíacos transparentes, eficientes y entrenados para el mantenimiento de la Seguridad Pública, ámbito muy diferente a la Seguridad Nacional, competencia de la milicia.
Contiene elementos para perpetuar la acción de los cuerpos militares en la vida civil, les otorga atribuciones, marcos de acción, blindaje legal y discrecionalidad que no son acordes con un estado democrático moderno. Un retroceso histórico evidente.
Altos organismos nacionales e internacionales como la ONU, la CIDH y la CNDH, así como muchas de las voces más respetadas en materia de seguridad y Derechos Humanos, han sido elocuentes en su condena a esta ley. No dejan lugar a dudas que abrir la puerta a la participación de las fuerzas armadas en la vida civil es un peligro latente al orden democrático y al estado de derecho, que son los fundamentos para alcanzar la paz. Pensando, claro, que este sea el objetivo del Estado mexicano, ya que la obstinación y prisa por aprobar esta regulación deja espacio a muchas conjeturas al respecto.
Ante la lamentable postura de las y los legisladores que impulsaron y aprobaron la LSI, su cerrazón por un lado, y simulación por el otro al abrir un supuesto diálogo donde no vieron ni escucharon, no estamos sorprendidos. Nosotras y nosotros hemos transitado años por un largo camino similar, por ministerios, procuradurías, congresos e instituciones públicas en la dolorosa búsqueda de nuestros seres amados, donde se abren puertas para llegar a ningún lado.
En FUNDENL rechazamos sin cortapisas una legislación que solo intente afianzar el estado de las cosas, y exigimos nuevamente al Estado que escuche a sus gobernados, que se abra a otras estrategias para el combate al crimen organizado y la disminución de la violencia que no estén fundamentadas en un estado de guerra declarado o no, que el eje de cualquiera de ellas sea la preservación del bienestar de cada persona y del tejido social. Y muy especialmente exigimos que se abandone cualquier tentación autoritaria en el ejercicio de gobierno.
A la sociedad en general hacemos un llamado que hemos hecho una y otra vez: NOS NECESITAMOS. Hoy, especialmente, unidos para iniciar el largo camino en tribunales, en diversos foros y en las calles, hacia la derogación de una ley tan peligrosa para el conjunto social, como lo es la Ley de Seguridad Interior.
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, A.C.
