Conversatorio sobre Desapariciones Forzadas

Conversatorio: Acciones y mecanismos para la protección contra las Desapariciones Forzadas

Casa de la Cultura Jurídica de Nuevo León

Monterrey, Nuevo León a 28 de agosto de 2017

 

Las familias de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León tenemos sentimientos encontrados al leer en las 4 recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos que una institución avala lo que hemos dicho por años, mientras que a nuestras opiniones las autoridades siempre les restaban importancia. Recibimos con agrado que la Comisión haga un esfuerzo por mostrar las debilidades de la Procuraduría General de Justicia que por años a querido minimizar la tragedia humanitaria de los asesinatos y desapariciones en Nuevo León, estas mismas debilidades que sólo aceptándolas y reparándolas es como podrán convertirse en referente para construir un Estado donde la memoria, la justicia y la verdad prevalezcan. Nuevo León no es modelo ni vanguardia en su sistema de justicia y no podrá serlo mientras siga teniendo una deuda con las miles de víctimas que ha dejado esta terrible guerra que nos arrebató a nuestros hijos, hijas, esposos, hermanos, nietos, etc.

Una autoridad, aunque no haya sido la ejecutora de las desapariciones, al no ser diligente se convierte en cómplice, estas 4 recomendaciones nos confirman que las y los ministerios públicos que no actuaron en tiempo y forma dentro de nuestras averiguaciones, obstaculizaron la búsqueda y localización de nuestros familiares, por lo tanto obstruyeron nuestro acceso a la justicia.

La recomendación 06/2017 perteneciente al caso de César Guadalupe Carmona Alvarado, desaparecido el 24 de junio de 2011, nos muestra que desde que la madre de César acudió a interponer su denuncia en 2011 y a pesar que la señora acudía frecuentemente a solicitar avances, su expediente permaneció inactivo hasta 2015, cuando se integra a FUNDENL; a partir de entonces, el ministerio público comienza una investigación de escritorio, a girar oficios donde la gran mayoría continúan en trámite.

En la recomendación 07/2017 sobre el caso de Nicolás Flores Reséndiz y Reyes Flores Reséndiz desaparecidos el 28 de marzo de 2011, quienes salen a trabajar manejando un camión de transporte saliendo de la central de abastos, el patrón se conformó sólo con buscar el vehículo y encontrarlo y la Procuraduría quedo satisfecha dejando a la familia en total desamparo. La esposa de Nicolás se acerca a FUNDENL en 2014 y es cuando le permiten tener acceso a su expediente, encontrándose sólo con la hoja que contenía la denuncia inicial que ella había interpuesto en 2011 y un oficio de investigación jamás contestado y sin seguimiento. Al igual que en el caso de César, en este expediente se inicia hasta después de años una investigación de escritorio sin resultados positivos.

En el caso de Miguel Ángel Galo Rodríguez Romero, uno de los aproximadamente 30 jóvenes desaparecidos durante dos fines de semana en el mes de abril de 2011 en la Col. 10 de marzo, hecho que debería ser investigado de oficio porque es imposible que ninguna autoridad se diera cuenta de lo que estaba sucediendo y por tanto, es evidente su complicidad; la recomendación 15/2017 refiere también una dilación excesiva en la consecución del acta circunstanciada, lo que retrasó por 4 años su inicio como averiguación previa, por lo que hasta 2015 cuando la madre se integra a FUNDENL es que el ministerio público comienza su investigación de escritorio y la eleva a Averiguación Previa, su madre Raquel Romero Ibarra, falleció hace 5 meses buscando a su hijo sin acceso a la justicia y sin que el estado garantizara su derecho a la verdad.

En la madrugada del 11 de enero de 2011 entran a mi casa hombres con armas de alto poder de uso exclusivo del ejército, algunos de ellos portando chalecos de policía de Escobedo que se llevan a mi hijo Roy Rivera Hidalgo, entonces de 18 años, estudiante de la UANL; amenazados de muerte en caso de que denunciáramos, decidimos esperar a que cumplieran su parte, además de la desconfianza, la primer instancia en que se denuncia es la 7ma zona militar en donde nos refieren que estos casos eran de cotidianidad esos días, es decir, toda autoridad de los diferentes niveles conocía ya de la práctica sistemática y generalizada de la desaparición de personas, aún así se negaron a actuar y tuvo que ser mi familia quien corriera a cargo de todas las investigaciones, utilizando herramientas de tecnología de punta como lo son la lógica y el sentido común. Lo anterior, queda acentado en mi expediente, donde se muestra que la investigación corrió a cargo de la familia y que cada recurso, cada pista que entregaba al ministerio público se topaba con la ineptitud de los servidores públicos quienes no dieron un debido seguimiento, por lo que la recomendación 15/2017 también menciona:
“…resulta necesario hacer hincapié en que la obtención de evidencias y descubrimiento de líneas de investigación no puede quedar supeditada a la iniciativa y aportación de pruebas de las personas interesadas; toda vez que recae en la autoridad investigadora la necesidad y la obligación de agotar todos los medios y recursos necesarios para integrar la investigación”

Ha sido un solitario, largo y duro caminar para demostrar que no estábamos equivocadas, siempre lo supimos, porque lo vivimos: La Procuraduría de Justicia de Nuevo León no estaba buscando a nuestros desaparecidos y lamentablemente sabemos que hasta el día de hoy no cuenta con los recursos ni con una estrategia integral y real para localizarlos. Estos 4 casos son solo apenas una pequeña muestra de la investigación que hay en cada uno de los casi 3,000 expedientes de Personas Desaparecidas bajo la comisión de un delito en Nuevo León. La tragedia es enorme si además consideramos que estas cifras son sólo de denuncias y el equipo de la ONU en su informe misión México nos advirtió que este tipo de delito solo lo denunciamos 2 de cada 10.

Los campos de exterminio contemporáneos son una realidad, para una muestra está un predio ubicado en García Nuevo León, donde la PGJNL localizó fragmentos de restos humanos carbonizados en enero de 2016 y hasta enero de 2017 reportó que pudo obtener el ADN de 56 personas, siendo identificadas solo 24 de ellas y las otras 32 sin un perfil genético que permitiera conocer su identidad. En este lugar que la PGJNL había dado por concluido con una supuesta búsqueda exhaustiva, en marzo de este año las familias localizamos 36 fragmentos de restos humanos al cavar para colocar una cruz, posteriormente y a raíz de la insistencia de FUNDENL la Procuraduría inicia una segunda inspección forense el 31 de mayo, la cual hasta las primeras semanas de agosto aún no concluían y habían localizado alrededor de 100,000 fragmentos de restos humanos más. Y como este lugar, por nuestras investigaciones y denuncias anónimas que recibimos sabemos que existen más, muchos más; y una vez más podemos confirmar que no estamos equivocadas, ya que el informe “Personas Desaparecidas y fosas clandestinas en México” elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos menciona que Nuevo León es uno de los tres estados con mayor número de fosas clandestinas, sin embargo, sabemos que esta información esta basada en datos oficiales, datos que brindan las Procuradurías de Justicia y sabemos que es urgente ir más allá para conocer realmente nuestra realidad y poder actuar. Los datos oficiales siempre pretenderán ser positivos, o en su defecto, cuando la magnitud ya no lo permite buscarán hacerlos lo menos negativos posibles escondiéndolos en las terminologías. Por ejemplo, mediante transparencia solicitamos la cantidad de fragmentos de restos humanos localizados en el rancho las Abejas en Salinas Victoria, Nuevo León a lo que la PGJNL respondió haber localizado 98 “número de personas de restos óseos”, sin embargo, por medio de los expedientes nos hemos dado cuenta que en ese sitio localizaron más de 250,000. La información que ellos nos proporcionaron de manera oficial solo es de los fragmentos a los que pudieron extraer ADN.

La magnitud de la tragedia de la Desaparición de Personas requiere una respuesta de esa magnitud y no podremos responder sino la conocemos. Por lo que hacemos un llamado a las instituciones de gobierno y descentralizadas a actuar, a las universidades, académicos y sociedad a que desde nuestros espacios también actuemos.

A la Comisión Estatal de Derechos Humanos solicitamos de manera directa:

1.- Solicitar a la Procuraduría de Justicia de Nuevo León un informe sobre las fosas o enterramientos clandestinos de personas (restos, fragmentos de restos, cuerpos, etc.), o cualquier otro hallazgo similar, detallando todo lo localizado, recuperado e identificado en los sitios; así como el equipo humano y técnico con que se trabajó en dichos lugares.

2.- Promover e impulsar una campaña de toma de muestras de ADN para poder dar identidad a los miles de cuerpos que permanecen en fosas comunes y los restos humanos aún sin identificar; dicha campaña mediante medios de comunicación masiva, así como brigadas con módulos móviles de toma de muestra de ADN.

3.- Promover e impulsar mayor presupuesto para el Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, así como para las áreas de inteligencia de la Procuraduría del Estado y que se transparente el etiquetado de este presupuesto.

4.- Promover e impulsar en conjunto con el Congreso del Estado la creación de una Comisión de la Verdad que documente a profundidad la Desaparición de Personas en Nuevo León.

No estamos locas, ha quedado demostrado mediante estas recomendaciones, nuestras palabras son un testimonio vivo y han sido un ejemplo de cordura en esta guerra que nos ha hecho tanto daño a todas y todos. ¡Escúchenos!. ¡Nos necesitamos!

 

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, A.C.